Confirman procesamiento con prisión preventiva a Cristina Fernández por el caso de los cuadernos

Un tribunal argentino confirmó este jueves (20.12.2018) el procesamiento con prisión preventiva dictado en septiembre pasado contra la expresidenta Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios en los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque seguirá libre por ser senadora estar por tanto aforada.

Miguel Pichetto, jefe de la bancada del peronista Partido Justicialista, reiteró en declaraciones a radio Nacional que aunque el juez vuelva a solicitar el desafuero de la senadora, volverán a votar en su contra. “Me parece exagerada la ratificación del procesamiento con prisión preventiva”, dijo destacando que no hay condena firme. “Me parece un exceso, un disparate”, añadió.

La Cámara Federal de Buenos Aires también confirmó la imputación contra el ya detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a ambos se les acusa de ser organizadores de una asociación ilícita y cohecho en la conocida como causa de “los cuadernos de las coimas”, informó la agencia estatal de noticias Télam.

Fiscal pide que declare el ministro de Defensa

Cristina Fernández no es la única política que está en primer plano hoy en Argentina. El fiscal Gerardo Pollicita pidió que sea llamado a declarar el ministro argentino de Defensa, Oscar Aguad, por negociar una millonaria deuda con el estado de empresas de la familia del presidente Mauricio Macri. La privatización de Correos en 1997, a través de una concesión a treinta años, recayó en una empresa de Franco Macri, padre del presidente.

En 2001, en medio de la peor crisis económica, social y política que ha vivido el país, el Correo entró en concurso de acreedores y la empresa contrajo una deuda con el Estado que ascendía a 292 millones de pesos, que en aquel momento equivalía a igual cantidad de dólares. No hubo acuerdo para cobrar esa deuda, hasta que en 2016 la empresa y el actual Gobierno llegaron a un acuerdo de pago, con Aguad como ministro de Comunicaciones, que en 2017 la fiscal Gabriela Boquín indicó que “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”.

Fuente: lgc (efe/clarín)

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