La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió hoy a Egipto que derogue o enmiende la nueva ley que regula las manifestaciones en el país, ya que “podría dar lugar a graves violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica”.
Según Pillay, la ley otorga amplias facultades a las autoridades locales de seguridad para disolver este tipo de reuniones y en su artículo 7 prohíbe “conductas que pueda constituir una amenaza para la seguridad y orden público, perturbar los intereses de los ciudadanos u obstruir la justicia”.
A juicio de la responsable de la ONU, la ley no proporciona una definición clara de estos términos y recuerda en un comunicado que “el derecho internacional exige precisión sobre qué conducta específica está prohibida por la ley”.
Además, la norma establece una lista de medidas de uso de la fuerza a las que las autoridades pueden recurrir para dispersar a los manifestantes, como el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua, granadas de humo, disparos de advertencia o balas de goma.
Por ello, Pillay reclamó que la ley debe dejar “absolutamente claro” que, de conformidad con las normas internacionales, “el uso de armas letales sólo se podrá hacer cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”
“El pueblo (de Egipto) ha proclamado en voz alta, con claridad, con valentía y en repetidas ocasiones su deseo de ser capaz de manifestarse pacíficamente de acuerdo con sus normas internacionales de derechos humanos”, dijo.
A su juicio, con la nueva ley “hay un riesgo real de que la vida de los manifestantes pacíficos se pondrán en riesgo a causa de la conducta violenta de unos pocos”.
También expresó su preocupación por el establecimiento de multas masivas y penas de prisión a las personas declaradas culpables del incumplimiento de esta ley e indicó que la “ley es demasiado amplia” a la hora de restringir los lugares dónde se permiten las manifestaciones.
La nueva norma exige a los organizadores de las protestas dar aviso con al menos tres días de antelación -excepto en periodo electoral que se reduce a un día-, por lo que “prohíbe efectivamente las manifestaciones pacíficas espontáneas”, denunció Pillay .
“Nadie debe ser criminalizada o sujetos a amenazas o actos de violencia, hostigamiento, persecución, intimidación o represalias para abordar las cuestiones de derechos humanos a través de la protesta pacífica”, subrayó.
