Charleston, SC. – Carolina del Sur impondría cooperación con ICE con un proyecto de ley republicano que busca obligar a todos los condados con cárceles a firmar acuerdos migratorios federales. La iniciativa ampliaría de forma significativa la colaboración estatal con autoridades federales.
Actualmente, solo 20 de los 46 condados del estado mantienen acuerdos activos con ICE. En consecuencia, 26 condados aún no participan en el programa federal 287(g), una brecha que el proyecto pretende eliminar.
La propuesta fue presentada antes del inicio de la sesión legislativa de enero y cuenta con el respaldo de casi cincuenta legisladores republicanos. El objetivo declarado es unificar criterios y fortalecer la aplicación de la ley migratoria.
Alcance legal y obligatoriedad estatal
El proyecto establece que toda agencia policial que opere una cárcel deberá firmar un acuerdo con ICE. De no hacerlo, deberá demostrar que intentó formalmente incorporarse al programa.
Si la iniciativa avanza, 25 condados adicionales y cuatro departamentos de policía municipal quedarían obligados a sumarse. Richland County sería la única excepción, debido a su estructura administrativa carcelaria.
Supervisión y sanciones
Las agencias incluidas deberán presentar informes anuales ante la División Estatal de Aplicación de la Ley y la fiscalía general. El incumplimiento podría derivar en supervisión estatal directa.
En casos extremos, el Consejo Estatal de Entrenamiento Policial podría suspender certificaciones. Esa medida impediría operar a departamentos completos, afectando patrullajes y detenciones locales.
La ley también exige capacitación migratoria especializada. Las agencias podrán elegir entre tres modelos, incluido el de fuerza de tarea, reinstalado bajo el Presidente de EE.UU. Donald Trump.
“Muchos ya están colaborando. Solo estamos haciendo esto igual para todos”
Travis Moore, Congresista estatal
Seguridad pública
Moore defendió la propuesta como una medida de seguridad pública. “Esto no es salir a buscar personas”, explicó. “Se trata de individuos ya procesados en cárceles por otros delitos”.
Durante los últimos meses, solo dos departamentos de policías reportaron uso activo del programa. Los detenidos enfrentaban cargos graves, incluyendo violencia doméstica, drogas, armas y delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, el proyecto no contempla fondos estatales, pese al hacinamiento carcelario existente. Aun así, una ley federal firmada por el Presidente Donald Trump incluye reembolsos y bonos, fortaleciendo el impulso político de Carolina del Sur impondría cooperación con ICE.
Cierre editorial
En un estado con una población latina en crecimiento sostenido, estas medidas adquieren una dimensión social más amplia. La cooperación obligatoria con ICE puede redefinir la relación cotidiana con autoridades locales.
En comunidades minoritarias, la percepción de riesgo suele traducirse en silencio. El temor a una posible revisión migratoria desincentiva la denuncia de robos, abusos o violencia doméstica. Ese efecto no distingue estatus migratorio. Ciudadanos, residentes legales y familias mixtas pueden evitar el contacto policial por miedo a consecuencias indirectas para parientes o vecinos.
Con el tiempo, esa distancia erosiona la confianza comunitaria. La policía deja de ser vista como garante de seguridad y pasa a percibirse como una extensión del control migratorio. Expertos en seguridad pública advierten que esa ruptura dificulta investigaciones. Testigos clave desaparecen del proceso, debilitando la prevención del delito en zonas vulnerables.
Por ello, el debate sobre si Carolina del Sur impondría cooperación con ICE no se limita a control migratorio. También plantea preguntas sobre cohesión social, confianza institucional y seguridad a largo plazo.
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