Charleston, SC. – La inmigración ilegal ha caido drásticamente en los primeros dos meses desde la toma de posesión de Donald Trump como el 47.º presidente de Estados Unidos. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) muestran una reducción del 85% en los encuentros entre agentes fronterizos e inmigrantes en los primeros dos meses del año. Esto es en comparación con el mismo periodo de 2024.
Asimismo, el número de personas declaradas inadmisibles en los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste cayó en un 93% en los primeros 11 días posteriores al 20 de enero. Estas cifras marcan un cambio drástico en el patrón migratorio tras la llegada de Trump al poder.
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Niveles más bajos en tres años
El número total de encuentros mensuales en la frontera alcanzó su punto más bajo en tres años durante enero de 2025. En ese mes, las autoridades registraron 61,465 encuentros con inmigrantes ilegales. Esta fue una reducción significativa frente al 96,035 de diciembre de 2024, el último mes completo de la administración Biden.
Durante los últimos tres años, los cruces mensuales de inmigrantes ilegales superaron constantemente los 100,000, alcanzando un récord de 301,981 en diciembre de 2023. La tendencia a la baja comenzó en los últimos meses del mandato de Biden, cuando se confirmó el regreso de Trump a la Casa Blanca.
La seguridad fronteriza de Trump
El comisionado interino de la CBP, Pete Flores, atribuyó esta caída a la rápida implementación de las órdenes ejecutivas de Trump. «Los hombres y mujeres de la CBP están aplicando agresivamente las órdenes del presidente para asegurar nuestras fronteras. Estas acciones ya han generado mejoras drásticas en la seguridad fronteriza», afirmó.
El gobierno también destacó el aumento en las deportaciones como un factor clave. Flores aseguró que la reducción en intentos de ingreso ilegal ha permitido a los agentes concentrarse en la aplicación de la ley. Esto ha hecho que la frontera sea más segura.
Además de la disminución en cruces ilegales, el gobierno de Trump ha endurecido las políticas migratorias en la frontera sur. La cancelación del programa CBP One, que permitía a solicitantes de asilo programar citas en los puertos de entrada, redujo los encuentros en estos puntos en un 93% en los últimos 11 días de enero.
La nueva administración de Homeland Security de Kristin Noem también anunció recientemente eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos hasta el 3 de agosto. Lo que afectará a casi 500,000 personas de Haití.
«Junto a el presidente Trump enviado un mensaje claro a los extranjeros ilegales: no vengan a nuestro país. No se le permitirá la entrada. Y si entras, te perseguiremos y te deportaremos. Ese mensaje ha sido recibido. Este fin de semana, vimos las detenciones más bajas en la frontera sur en más de 15 años. Esta es otra señal de que las políticas de inmigración y seguridad fronteriza de sentido común del presidente Trump están funcionando».
Kristi Noem, Secretaria de Homeland Security
Otras medidas y efectos en la región
Paralelamente, la migración a través del Tapón del Darién, la peligrosa selva entre Colombia y Panamá, cayó a 72 personas por día en enero. Esta es la cifra más baja desde febrero de 2021. Entre los migrantes que cruzaron esta ruta en enero, el 50% eran ciudadanos venezolanos, el porcentaje más bajo desde diciembre de 2023. También se registraron 136 colombianos, 122 nepaleses y 100 iraníes. Un 17% de los migrantes eran menores de edad y un 34% eran mujeres y niñas.
En un movimiento inédito, EE.UU. ha comenzado a deportar ciudadanos de terceros países a Panamá y Costa Rica en lo que se ha denominado «deportaciones puente». Estas personas, en su mayoría provenientes de Asia, han sido enviadas a campamentos en zonas remotas mientras esperan su repatriación. En Panamá, algunos deportados han denunciado condiciones inhumanas. Además, hay reportes de intentos de suicidio y temor a represalias en sus países de origen.
Impacto de las deportaciones puente
Las deportaciones puente han generado controversia en la comunidad internacional. Entre el 12 y el 15 de febrero, el gobierno de EE.UU. envió tres vuelos militares a Panamá con 299 migrantes provenientes de Afganistán, China, India, Irán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Turquía, Uzbekistán y Vietnam. Según informes del New York Times, estos migrantes fueron confinados en un hotel en la Ciudad de Panamá sin acceso a sus documentos ni teléfonos móviles.
El gobierno panameño no ha emitido documentos que respalden la legalidad de estas transferencias. «Es ilegal detener personas en Panamá por más de 24 horas sin una orden judicial», afirmó un abogado entrevistado por el Times. Además, algunos deportados han intentado suicidarse y otros han denunciado temor a represalias en sus países de origen. «Preferiría saltar de un avión antes que regresar a China», declaró un ciudadano chino a los reporteros.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha expresado su preocupación sobre la situación de estos migrantes. Destacó que el 40% de los deportados han solicitado protección internacional por temor a ser perseguidos en sus países natales. En respuesta, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha coordinado la repatriación voluntaria de 12 personas hasta el momento.
En Costa Rica, un vuelo procedente de San Diego trasladó a 135 migrantes, incluyendo familias con niños y mujeres embarazadas. Según el presidente Rodrigo Chaves, estas personas permanecerán confinadas en un centro en la frontera con Panamá durante varias semanas. «Estamos ayudando a nuestro hermano económicamente poderoso del norte», declaró Chaves en conferencia de prensa.
Perspectivas futuras y reacciones
El Congreso de EE.UU. está discutiendo un paquete presupuestario de 175,000 millones de dólares para reforzar la frontera y aumentar las deportaciones.
México, por su parte, no ha reportado un aumento significativo en deportaciones desde EE.UU. Sin embargo, los traficantes han aumentado sus tarifas ante las nuevas restricciones. Mientras tanto, los albergues en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez han comenzado a vaciarse a medida que los migrantes abandonan sus intentos de cruzar hacia EE.UU.
Las medidas del presidente Trump han generado apoyo entre sectores que buscan un control más estricto de la inmigración. Sin embargo, también han recibido críticas de grupos de derechos humanos que denuncian la eliminación de opciones legales para los solicitantes de asilo.
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