Charleston, S.C. – Como reza el dicho: «nada bueno pasa después de la medianoche». Y así ocurrió en el centro de la ciudad de Guatemala, cuando el reloj marcaba la medianoche del 30 de noviembre durante la última sesión del Congreso. Una mayoría de diputados retiró la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los detalles
El motivo de las investigaciones a los magistrados por parte del Ministerio Público (MP) es la presunta sobrevaloración en la adquisición de un Software de Transmisión de Resultados Electorales. La rapidez con la que se tramitó este antejuicio, así como la extraña y poco usual voluntad política de acelerar las cosas, revelan un trasfondo de una trama política de terror.
Es evidente la intención de destituir a los magistrados del TSE antes de la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo. Aunque el retiro de la inmunidad no implica por sí mismo el cese en el cargo, es probable que el MP solicite la captura de los magistrados y, después de que el juez los vincule a proceso, deberán ser sustituidos según lo establecido por la ley.
Los cuatro magistrados sin inmunidad ya abandonaron el país. Ya sea con licencia o en período de vacaciones, no pueden ser sustituidos (puesto que no han sido vinculados a proceso) y continuarían en el cargo.
El Objetivo
Muchos congresistas de la oposición han declarado que se trata de una estrategia del ejecutivo para establecer un Tribunal Supremo Electoral afín y así ejercer el poder y declarar nulo el proceso electoral. El Ministerio Público ha sido el ejecutor de la persecución política-penal contra los miembros del TSE, así como del presidente electo y sus aliados.
Es más que evidente que el oficialismo pretende que Bernardo Arévalo no asuma la presidencia o, si no logran impedirlo, que lo haga con las limitaciones que impondrá un nuevo Presupuesto, con candados que no permitirán a Arévalo la ejecución de su programa de gobierno.
La Presión Internacional
La comunidad internacional, así como el Departamento de Estado, continúan ejerciendo la presión necesaria sobre el gobierno de Alejandro Giamattei y la ejecutora de los planes, la Fiscal General Gloria Porras. Ahora, le tocó el turno a alguien muy cercano al Presidente, el llamado hombre fuerte del gobierno y supuesto compañero sentimental del mandatario, Miguel Martínez.
«Si el gobierno y el «Pacto de Corruptos» logran salirse con la suya, habrá, entre otras cosas, mayor migración, inestabilidad, más protestas y temo que incluso violencia. Sería un impacto perjudicial para la región y el resto del continente»
Stephen McFarland, ex embajador de EE. UU. en Guatemala dijo a Prensa Libre.
Concluyendo
Guatemala está en ebullición. Las manifestaciones populares continúan. Este es un momento crítico en la historia democrática del país centroamericano, donde el poder legislativo y judicial está copado por las mafias político-criminales. Incluso la máxima corte, la Corte de Constitucionalidad, está cooptada.
Nada de lo que se emite desde el sistema jurídico guatemalteco hoy en día es confiable, ya que sus operadores se han vuelto expertos en retorcer la verdad y usar la ley para perseguir a sus oponentes y críticos. Entre pactos de medianoche y en las oscuras tinieblas se encuentra el sistema democrático en Guatemala, el país clave de Centroamérica.