El cierre del gobierno federal, que ya cumple cinco semanas, empieza a sentirse más allá de Washington. De acuerdo con reportes recientes, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha puesto en pausa parte de sus funciones de supervisión, entre ellas inspecciones de cumplimiento y revisiones de planes estatales de aire y agua, lo que ha reducido significativamente la actividad de monitoreo ambiental.
Según un informe del Los Angeles Times, el plan de contingencia de la EPA prevé que cerca del 90 % de sus 15,166 empleados sean suspendidos si el cierre se prolonga. A su vez, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL) advierte que la pausa en las inspecciones y la aprobación de planes estatales deja a muchas comunidades sin supervisión sobre posibles fuentes de contaminación.
Organizaciones ambientales emiten advertencias
“Sin una EPA plenamente operativa, vuelve a cernirse la posibilidad de picos peligrosos de contaminación. Más aire tóxico significa más riesgos para la salud, desde el asma y otros males respiratorios hasta problemas neurológicos y cáncer”, advirtió Melody Reis, directora de Política Federal de Moms Clean Air Force, en un artículo publicado el 15 de octubre de 2025.
La organización enfatiza que la inactividad de la EPA durante el cierre puede tener efectos prolongados en la salud pública, especialmente en las comunidades más vulnerables.
Comunidades vulnerables en riesgo por falta de monitoreo
La falta de personal suficiente en la agencia podría detener pruebas de laboratorio, auditorías ambientales y revisiones de permisos industriales, dejando sin respuesta las denuncias por contaminación. Esto impacta directamente a comunidades cercanas a plantas energéticas, vertederos o zonas con fuentes de agua sensibles, que dependen del monitoreo continuo para garantizar su seguridad.
“Servicios que a menudo damos por hechos, como el control de la calidad del aire y del agua, se verán interrumpidos, y las repercusiones de esta falta de control perdurarán mucho tiempo después del cierre”, explicó Elice Rojas-Cruz, directora general de Climate Power En Acción.
Agregó que la falta de acción afecta de manera desproporcionada a comunidades latinas y de primera línea que ya enfrentan altos niveles de exposición a la contaminación. “Es hora de que la Casa Blanca y los republicanos del Congreso pongan fin a sus juegos políticos y vuelvan a poner en marcha el gobierno”, enfatizó.
Expertos alertan sobre los riesgos de la inacción
“La contaminación tóxica no se detiene durante un cierre de gobierno. Cuando la EPA deja de operar, las protecciones que mantienen a los niños fuera de las salas de emergencia y los químicos peligrosos fuera de nuestra agua dejan de aplicarse”, advirtió Jeremy Symons, asesor sénior de la Environmental Protection Network, en un comunicado del 9 de octubre de 2025.
Expertos coinciden en que cada semana sin supervisión ambiental aumenta los riesgos de exposición a contaminantes tóxicos y retrasa las respuestas a emergencias ambientales.
Respuesta oficial de la EPA
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, afirmó que, pese al cierre del gobierno federal, la agencia mantiene su capacidad de respuesta ante emergencias y continúa realizando tareas esenciales. En una entrevista con Jon Decker, corresponsal de la Casa Blanca para Gray DC, Zeldin reconoció que una suspensión prolongada podría afectar el cumplimiento de las obligaciones legales de la agencia, pero aseguró que, por el momento, están preparados para actuar ante cualquier contingencia.
“La mayor preocupación sería que, si se agotaran todos nuestros fondos remanentes, tendríamos que aplicar una suspensión del 89 % del personal de la agencia. Ahí es cuando la situación se volvería más riesgosa, ya que nuestras obligaciones legales quedarían en peligro de no poder cumplirse”, explicó.
Concluyó señalando: “Por ahora estamos preparados para responder ante una emergencia. Me preocuparía más si llegáramos a un cierre total. Ojalá no lleguemos a ese punto”.
Conclusión
El cierre del gobierno no solo paraliza instituciones federales, sino que pone en riesgo directo la salud y la seguridad ambiental de millones de personas.
La falta de supervisión de la EPA amenaza la calidad del aire y del agua, afectando especialmente a comunidades vulnerables que dependen de las medidas de protección ambiental para vivir en entornos seguros.
