El Gobierno de Estados Unidos paralizó la programación de citas para la expedición de visados a nivel global. El Departamento de Estado justificó la medida bajo el argumento de implementar una capacitación obligatoria para el personal consular. Además, esta capacitación debe realizarse en todas sus embajadas y sedes diplomáticas.

Según informó un portavoz de la entidad, las entrevistas agendadas se modificarán para dar paso a este entrenamiento. El propósito de esta formación es reforzar la evaluación de los solicitantes y garantizar un proceso de revisión «exhaustivo y coherente».

Formación consular y freno a la carga pública

Aunque la Administración no precisó la duración del proceso ni el calendario exacto de reactivación, el Departamento de Estado detalló que la formación busca capacitar a los funcionarios. Así, podrán descartar a postulantes que puedan convertirse en una «carga pública» o depender de prestaciones estatales en suelo estadounidense.

Diversos solicitantes de visados de inmigración con citas ya confirmadas reportaron haber recibido notificaciones de cancelación y reprogramación por correo electrónico.

La suspensión de las entrevistas consulares se suma a una serie de restricciones migratorias aplicadas recientemente en el país:

  • Suspensión de citas: Reprogramación global de entrevistas para visados de inmigrante y no inmigrante.
  • Freno a la inmigración legal: Imposición de nuevas y elevadas tarifas para visados de trabajo y endurecimiento de los requisitos de elegibilidad.
  • Control de residencia y visados: Revocación de permisos por motivos de seguridad interior, así como por perfiles políticos o participación en manifestaciones.

Reveses judiciales y rechazo social

La política migratoria ha enfrentado contrapesos en el sistema judicial. Recientemente, un juez federal anuló una disposición ejecutiva que pretendía suspender la emisión de visados de inmigrante a ciudadanos de 75 países. Luego, determinó que la medida excedía las competencias legales de la Secretaría de Estado.

Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles han condenado las restricciones. Estas entidades señalan que las medidas vulneran las garantías del debido proceso. Además, fomentan la discriminación o la elaboración de perfiles raciales dentro del sistema consular.