Guatemala está atravesando momentos difíciles, con bloqueos que afectan a millones de sus ciudadanos. Las escuelas han sido suspendidas, los supermercados carecen de alimentos y el aeropuerto internacional está cerrado debido a la falta de combustible, lo que ha sumido al país en el caos y la parálisis.
Sin embargo, el problema va más allá. Más allá de las pérdidas económicas, se encuentra la grave amenaza de un colapso del sistema democrático.
Comprendiendo el Problema
En las recientes elecciones presidenciales, el Partido Semilla y Bernardo Arévalo emergieron victoriosos. Este partido y candidato relativamente desconocidos sorprendieron a todos al ganar las elecciones de manera contundente.
En un intento de grupos políticos y económicos por evitar que este nuevo gobierno llegue al poder, están utilizando al Ministerio Público y sus fiscales para perseguir a la oposición que ganó legítimamente las elecciones.

Los ataques se han dirigido al Partido Semilla y al Tribunal Supremo Electoral. El primero se le clausuró en base a un fallo cuestionable de un juez altamente criticado, el Juez Séptimo Penal, quien también persigue jueces y fiscales anticorrupción, así como condenó al periodista José Rubén Zamora. El segundo se le investiga por presuntas irregularidades en el proceso electoral, lo que ha llevado a allanamientos y al embargo de las actas notariales que legitiman las recientes elecciones.
Los manifestantes exigen que el Ministerio Público renuncie a esta persecución política y deje de socavar la democracia, además de pedir la dimisión de las autoridades del Ministerio Público.
Una Crisis Provocada
El actual Presidente de Guatemala, Alejandro Giamattei, argumenta que no puede dar órdenes a la Fiscal General, ya que es una entidad autónoma. Muchos analistas ven estas acciones como oportunismo, ya que él es quien más se beneficiaría de la crisis al permanecer en el poder si no se permite que Bernardo Arévalo asuma el cargo. Existe un precedente de que los altos tribunales no se renovaron debido a la crisis legal que los rodea.
Otro aspecto altamente criticado es el uso de la fuerza por parte de la policía para despejar los bloqueos en las carreteras. El Presidente electo, Bernardo Arévalo, ve todas estas acciones como una clara provocación para incitar a la población a levantarse violentamente y suspender las garantías constitucionales en un Estado de Excepción que podría ser fácilmente avalado por el Congreso de la República, que también está dominado por Giamattei y sus aliados.

«Es preocupante que en un momento en que se está llevando a cabo un diálogo mediado por una misión de la OEA, el Ministerio Público (MP) incite a la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas y legítimas, creando un ambiente tenso que podría ser utilizado como excusa para declarar un estado de excepción y limitar las libertades públicas garantizadas constitucionalmente»,
Bernardo Arévalo, Presidente Electo de Guatemala.
El Presidente electo Arévalo también instó al Presidente Giamattei a tomar las medidas necesarias para poner fin a esta situación. «Le recordaré que el MP es una institución autónoma pero no independiente dentro del estado, y en consecuencia, le pediré que tome las acciones necesarias para garantizar que el MP no continúe con esta campaña ilegal para romper el orden constitucional».
Una Posible Solución
La Corte de Constitucionalidad es el tribunal más alto de Guatemala y tiene el poder de hacer cumplir una orden legal que anule la decisión del Juez Séptimo y restaure al Partido Semilla.
También puede y debe garantizar el orden constitucional al determinar que el proceso electoral y, por ende, la toma de posesión, estén garantizados para el próximo enero.
El pueblo tiene el derecho legítimo de protestar y apoyar el sistema democrático sin perjudicar los intereses públicos y el bien común. En este momento, es crucial ser extremadamente cautelosos y evitar caer en provocaciones y actos de violencia, ya que no contribuirán al proceso de transición de poder.
Todos los sectores de la sociedad deben mantener un diálogo y una comunicación constantes, velando por el único objetivo claro de esta crisis: mantener el orden constitucional y la democracia.

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