Un departamento gubernamental del condado de Charleston dijo que la alguacil del condado, no siguió las reglas cuando contrató a una empresa de consultoría para producir un informe.
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En enero, la alguacil Kristen Graziano firmó un contrato con Mila Consulting, LLC por un total de $15,285 en servicios. Dicha compañía fue registrada por Vanessa Gongora, quien anteriormente había registrado esa misma compañía bajo el nombre de Camila Consulting LLC.
La intención era que la empresa evaluara la comunicación actual de la Oficina del Sheriff con las personas con dominio limitado del inglés y produjera un informe final para el plan de acceso al idioma.
Pero en una carta fechada el día 8 de marzo del 2022, Barrett Tolbert, director del Departamento de Contratos y Adquisiciones del condado, afirmó que Graziano no siguió las reglas.
El acuerdo de consultoría… no recibió la autorización requerida del Departamento de Adquisiciones. El acuerdo se firmó de manera inapropiada, los contratos y acuerdos solo los firma el Director de Contratos y Adquisiciones y el Administrador del Condado.
escribió Tolbert.
La carta está dirigida al Jefe Ameed Sad de la Oficina del Sheriff.
La política de adquisiciones requiere que cualquier contrato con una agencia del condado por un valor que supere los $10,000., requiera que se consideren al menos tres proveedores calificados.
“Esta adquisición no cumple con los criterios de adquisición de fuente única/no competitiva, y se deberían haber obtenido dos cotizaciones adicionales de servicios para completar el proceso”.
Según el escrito de Tolbert
Los informes de transparencia de gastos también muestran que Camila Consulting, LLC (el nombre anterior de Mila Consulting según el sitio web del secretario de Estado) recibió $4,995 en honorarios de consultoría en noviembre de 2021, antes de que el contrato entrara en vigencia.
Según la regulación, el condado solicitó una determinación por escrito sobre los hechos y circunstancias que rodearon el acto, la acción correctiva que se tomó, la acción contra la persona que cometió el acto y la documentación de que el precio pagado es justo y razonable.
Si se demuestra que no es razonable, la persona que comete el acto puede ser considerada “patrimonialmente responsable por la diferencia”.
La Oficina del Sheriff tenía hasta el 24 de marzo para proporcionar ésta documentación. El portavoz de la Oficina del Sherif, Andrew Knapp, dijo que no se envió documentación a la oficina de adquisiciones en respuesta a la carta.
La agencia emitió el siguiente comunicado el jueves:
Este contrato no pasó por el proceso de adquisición del condado ya que los fondos provinieron directamente del presupuesto de la Oficina del Sheriff del Condado de Charleston. CCSO rutinariamente se somete al proceso cuando un contrato requeriría un compromiso de fondos directamente del presupuesto del condado de Charleston. Este contrato sigue vigente y satisface la necesidad de comenzar a abordar los problemas relacionados con las comunidades minoritarias desatendidas. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en los programas que reciben fondos federales. La Oficina del Sheriff recibe fondos de subvenciones federales y se compromete a brindar acceso equitativo a sus servicios de aplicación de la ley a todos los miembros de la comunidad. Este esfuerzo ayudará a identificar formas en las que podemos hacerlo mejor y cumplir plenamente con el Título VI.
La portavoz del condado, Kelsey Barlow, afirma que no hay más investigaciones.