Los principales fiscales estatales de todo el país vuelven a instar al Congreso a que apruebe una ley que permita a las prisiones estatales interferir las señales de los teléfonos móviles que se pasan de contrabando a los reclusos, dispositivos que, según los abogados, permiten a los presos tramar actos violentos y cometer delitos.

«Sencillamente, necesitamos que el Congreso apruebe una legislación que otorgue a los estados la autoridad para implantar un sistema de interferencia de teléfonos móviles para proteger a los reclusos, a los guardias y al público en general», escribieron los 22 fiscales -todos republicanos, encabezados por el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson- en una carta enviada el miércoles al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.

La oficina de Wilson dijo que hay planes para ponerse en contacto con los fiscales estatales demócratas, argumentando que la cuestión no es partidista.

La carta, proporcionada a The Associated Press, cita un puñado de incidentes criminales que los abogados dicen que fueron orquestados por reclusos que usan teléfonos celulares de contrabando, incluida una conspiración de drogas en Tennessee y un doble homicidio ordenado por un recluso de Indiana.

También citaron un asedio relacionado con pandillas en 2018 que se prolongó durante más de siete horas en una prisión de Carolina del Sur, matando a siete reclusos. Un recluso describió cuerpos «literalmente apilados unos sobre otros, como una macabra pila de leña». Los funcionarios de prisiones culparon de la violencia orquestada -el peor motín en una prisión estadounidense en 25 años- en parte a los teléfonos móviles ilegales.

«Si se impidiera a los reclusos el uso de teléfonos móviles de contrabando, podríamos evitar que se produjeran graves niveles de tráfico de drogas, motines mortales y otros delitos», escribieron los fiscales.

Para poder inutilizar los teléfonos -introducidos de contrabando en balones huecos, transportados por empleados corruptos y a veces incluso lanzados por drones-, los fiscales piden que se modifique una ley federal de comunicaciones casi centenaria que actualmente impide a las prisiones estatales utilizar tecnología de interferencia para anular las señales celulares ilícitas.

El director de prisiones de Carolina del Sur, Bryan Stirling, ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de los directores de prisiones de todo el país para pedir la capacidad de utilizar más tecnología para acabar con los teléfonos de contrabando.