Desde enero de 2025, la administración Trump ha impulsado un cambio profundo en la política ambiental y energética de Estados Unidos. Bajo el argumento de que las regulaciones existentes frenan el crecimiento económico, la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva titulada “Liberar la energía estadounidense” (Unleashing American Energy), en la que sostiene que “regulaciones onerosas y motivadas ideológicamente” han limitado la generación de energía confiable y asequible.
Este nuevo marco ha abierto la puerta a la revisión, modificación o eliminación de múltiples regulaciones ambientales vigentes, generando preocupación entre científicos, organizaciones ambientales y líderes comunitarios.
Riesgos climáticos y efectos en las comunidades latinas
Expertos advierten que este replanteamiento regulatorio podría agravar riesgos ambientales y climáticos que ya afectan de manera desproporcionada a las familias latinas, especialmente en estados vulnerables al calor extremo, huracanes, contaminación industrial y crisis energética.
Rachel Cleetus, directora de políticas climáticas y energéticas de la Union of Concerned Scientists, alertó recientemente sobre el impacto de estos retrocesos. Según explicó, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estaría intentando minimizar la evidencia del cambio climático causado por el ser humano, una estrategia que —afirma— no altera la realidad científica ni los efectos que ya se sienten en la vida cotidiana.
“Eliminando o distorsionando la información científica se beneficia directamente a los contaminadores de combustibles fósiles, mientras las comunidades enfrentan olas de calor extremas, inundaciones sin precedentes, tormentas más intensas e incendios forestales catastróficos”, señaló Cleetus.
Revisión de estándares de eficiencia energética y emisiones
Entre las primeras medidas del nuevo rumbo se ordenó la revisión y posible suspensión de estándares federales de eficiencia energética y reglas de emisiones. La administración argumenta que estas normativas elevan los costos para los consumidores.
Sin embargo, la propia EPA ha documentado durante décadas que dichos estándares ayudan a reducir la contaminación, prevenir enfermedades respiratorias y generar ahorros a largo plazo para las familias.
Organizaciones latinas alertan sobre la expansión de combustibles fósiles
En marzo de 2025, el presidente aceleró la aprobación de permisos para petróleo, gas y minería en tierras federales, lo que provocó un rechazo inmediato por parte de organizaciones de justicia ambiental.
La organización GreenLatinos, a través de su presidente Mark Magaña, afirmó que la agenda energética de Trump “favorece a los contaminadores por encima del bienestar de nuestras comunidades trabajadoras”. Magaña advirtió que estas decisiones ralentizan la transición hacia la energía limpia, aumentan los costos para las familias y ponen en riesgo avances previamente logrados.
Además, subrayó que las comunidades más expuestas a la contaminación ambiental, eventos climáticos extremos y aumento del costo de vida serán las más afectadas.
Caída de proyectos de energía limpia y pérdida de empleos
Un informe nacional de Climate Power revela que este giro político ha ralentizado significativamente la expansión de la energía limpia. Desde la elección de Trump, 324 proyectos de energía limpia y manufactura energética han sido cancelados, retrasados o han perdido financiamiento federal.
Estas cancelaciones representan más de 53.000 millones de dólares en inversiones detenidas y más de 165.000 empleos perdidos o aplazados.
Estados con importantes poblaciones latinas figuran entre los más afectados:
- Arizona perdió más de 8.000 empleos en energía limpia.
- Texas superó los 52.000 empleos afectados.
Fondos de resiliencia en pausa mientras aumentan los desastres
Otro punto crítico es la decisión de FEMA, tomada en abril de 2025, de suspender las adjudicaciones previas del programa BRIC (Building Resilient Infrastructure and Communities). Este programa es uno de los principales mecanismos federales para financiar infraestructura resistente a desastres naturales.
La suspensión ha dejado a estados y municipios sin recursos clave para la mitigación de inundaciones, huracanes y otros riesgos climáticos, justo cuando los desastres naturales aumentan en frecuencia e intensidad.
Crisis nacional de seguros y mayor impacto en familias latinas
Paralelamente, Estados Unidos enfrenta una crisis nacional de seguros de vivienda, agravada por desastres climáticos y decisiones federales. Desde 2021:
- Seis millones de asegurados han visto aumentar sus tarifas.
- 1,4 millones de personas han perdido sus pólizas, incluyendo casi 860.000 en Florida.
Las familias latinas, que con mayor frecuencia viven en zonas vulnerables y tienen menor acceso al crédito, enfrentan un desafío aún mayor. En California, Texas y Florida, las primas de seguros aumentaron de forma pronunciada entre 2019 y 2024.
Además, los aranceles impulsados por Trump están acelerando los costos en un 38 % adicional para finales de 2025, con incrementos que superan los 400 dólares anuales en algunos estados.
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