La Casa Blanca suspendió los pedidos de pruebas gratuitas de COVID en casa para conservar el suministro hasta el otoño, cuando Estados Unidos podría verse afectado por otra ola de infecciones.

Un alto funcionario de la administración Biden dijo que la pausa es un paso necesario para conservar lo que queda del suministro de la nación, porque el Congreso no ha proporcionado fondos para reponer la reserva.

«Debido a los limitados fondos con los que contamos, hemos tenido que tomar decisiones imposibles sobre en qué herramientas y programas invertir, y en cuáles debemos reducir, poner en pausa o terminar por completo. La administración continuará trabajando con los limitados recursos existentes para asegurar tantas pruebas adicionales como podamos», dijo el funcionario.

Los estadounidenses han podido solicitar tres rondas de pruebas de forma gratuita y recibirlas a través del Servicio Postal de los Estados Unidos. Ya se han distribuido más de 600 millones de pruebas a través de covidtests.gov, pero los pedidos se suspenderán a medida que los niños de todo el país vuelvan a la escuela y el tiempo empiece a refrescar, lo que obligará a la gente a permanecer en el interior y correrá el riesgo de propagación del virus.

El funcionario no dijo cuántas pruebas quedan ni cuándo estarán disponibles para pedirlas de nuevo tras la pausa que comienza el 2 de septiembre.

El 92% de los estadounidenses todavía puede hacerse la prueba gratuita en casa a través de los seguros privados, Medicare y Medicaid. También hay todavía 15.000 centros de pruebas gratuitas con apoyo federal en todo Estados Unidos.

La Casa Blanca ha solicitado hasta 22.500 millones de dólares en nuevos fondos para pagar las pruebas, la investigación, las vacunas y la terapéutica. Las conversaciones con los republicanos del Senado sobre un proyecto de ley de 10.000 millones de dólares fracasaron a principios de este año debido a las objeciones del GOP.

Los demócratas del Senado presentaron el mes pasado un proyecto de ley de asignaciones suplementarias que habría aportado 21.000 millones de dólares para hacer frente a la siguiente fase de la pandemia. El proyecto de ley ha permanecido estancado en el Senado, ya que los republicanos sostienen que no se necesitan más fondos para el virus, y que cualquier nuevo paquete debería pagarse con los fondos no utilizados de los proyectos de ley anteriores.

«Carecemos de los recursos necesarios para apoyar las pruebas, mantener el suministro de terapias y adquirir la próxima generación de vacunas que será vital para acabar finalmente con esta pandemia. Nuestros esfuerzos por detener esta enfermedad en el extranjero para protegernos aquí en casa se están quedando rápidamente sin fondos, y se nos está acabando el tiempo para actuar», dijo en julio el senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont.

El gobierno de Biden y los expertos en salud pública han advertido que la falta de nuevos fondos retrasará a Estados Unidos en la próxima ronda de vacunas, tratamientos y terapias.

Más de 3.000 millones de dólares en fondos se desplazaron a principios de este año para que la administración Biden consiguiera 105 millones de dosis de una vacuna actualizada de Pfizer para el otoño. El coordinador de la respuesta a COVID-19 de la Casa Blanca, Ashish Jha, dijo entonces que no sería suficiente para cubrir las dosis de refuerzo para todos los adultos y que se haría a expensas de otras respuestas a la pandemia, como las pruebas y la fabricación de vacunas.

La carga de la falta de financiación federal para la salud pública la van a sentir más las personas que no tienen seguro, que son las que más probablemente trabajan en empleos considerados «esenciales» que suponen un riesgo para su salud por la infección.

También pondrá en aprietos a los departamentos de salud locales y estatales, que no suelen estar sobrados de dinero y recursos. Un informe elaborado por un grupo de expertos y dirigentes de la salud pública a principios de este año concluyó que la financiación de la sanidad pública es insuficiente y poco fiable, lo que aumenta el riesgo de futuras crisis sanitarias.

«Se trata de un problema crónico en la sanidad pública. Invertimos mucho dinero al principio de una crisis, y luego nuestra capacidad de atención decae y no conseguimos los recursos necesarios para seguir luchando realmente contra un problema», dijo Levi.