El majestuoso puerto de Charleston y el río Cooper vuelven a estar en el ojo del huracán ecológico. Un destacado bufete de abogados ambientales ha notificado a cuatro importantes empresas que operan en la región que podrían enfrentarse a una demanda federal. Los activistas denuncian años de contaminación descontrolada por microplásticos en estas vitales vías fluviales de Carolina del Sur.
El Southern Environmental Law Center (SELC), actuando en representación de la organización Charleston Waterkeeper, envió este jueves una notificación de intención de demanda a:
- Agru America
- Frontier Logistics
- Ray-Mont Logistics
- South Carolina Ports Authority (Autoridad Portuaria de Carolina del Sur)
La advertencia legal alega que estas compañías han liberado de manera ilegal pellets de plástico, conocidos popularmente como «nurdles», violando directamente la Ley Federal de Agua Limpia y la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.
El peligro de los «nurdles»: Un enemigo silencioso en el Lowcountry
Los nurdles son pequeñas esferas de plástico que sirven como materia prima para la fabricación de todo tipo de productos plásticos. Según los ambientalistas, estas diminutas piezas pueden persistir indefinidamente en el medio ambiente, fragmentándose en partículas cada vez más pequeñas que luego son consumidas por peces y otras especies marinas.
Charleston Waterkeeper afirma que sus esfuerzos de muestreo han documentado más de 25,000 nurdles en pantanos, playas y áreas cercanas desde el año 2021. Sin embargo, advierten que esta alarmante cifra es solo una fracción del total de la contaminación real en el ecosistema.
«Ya hemos combatido la contaminación por microplásticos en las aguas de Charleston y hemos ganado antes; estamos listos para hacerlo de nuevo», declaró Catherine Wannamaker, abogada principal de la SELC. «El agua limpia, las marismas, las playas y los mariscos son el alma de nuestra economía local y del carácter del Lowcountry».
¿De dónde proviene la contaminación?
La notificación formal identifica puntos específicos como las fuentes de las presuntas filtraciones de plástico a través de escorrentías de aguas pluviales y derrames durante su manipulación:
- La planta de fabricación de Agru America en Greenleaf Street (Charleston).
- Las operaciones de Frontier Logistics y Ray-Mont Logistics dentro de la Terminal de North Charleston, propiedad de la Autoridad Portuaria.
El antecedente de la multa millonaria de 2020
Esta no es la primera vez que las organizaciones ambientales van a la justicia. En 2020, la SELC y Charleston Waterkeeper demandaron a Frontier Logistics tras la aparición masiva de pellets de plástico en las playas de Sullivan’s Island. Ese caso histórico se resolvió con un acuerdo de 1 millón de dólares.
«Hace años fuimos parte de una de las primeras demandas por nurdles en el país. Este problema es 100% prevenible», enfatizó Andrew Wunderley, director de Charleston Waterkeeper.
Cuenta regresiva: 60 días para responder antes del juicio
Bajo la ley federal de los Estados Unidos, las organizaciones civiles deben otorgar un plazo antes de presentar una demanda formal.
- Las empresas tienen 60 días para subsanar las presuntas violaciones a la Ley de Agua Limpia.
- Disponen de 90 días para resolver otras infracciones relacionadas con la gestión de residuos.
Si las compañías no solucionan los reclamos o implementan medidas de contención efectivas en los plazos estipulados, las ONG ambientales aseguraron que están listas para exigir sanciones civiles e interdictos judiciales en un tribunal federal. Hasta el momento de la publicación, los representantes de las cuatro empresas señaladas no han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones.