Texas.- Fiscales generales de 20 estados pidieron a una corte federal emitir una medida cautelar que congele el programa humanitario que otorga permisos migratorios a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Los estados demandantes piden a un juez federal en Texas que pause el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el caso. A finales de enero, estos mismos presentaron una demanda solicitando a la corte que se de fin al programa. Este programa permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en EE. UU.
Los demandantes argumentan que la decisión del Gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue «arbitraria y caprichosa». Ellos aseguran que el programa, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tiene que proveer de «servicios a los migrantes». El programa tiene un límite máximo de 30,000 permisos humanitarios al mes.
La demanda incomprensible
La medida cautelar está suscrita por los fiscales de Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros. La demanda está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia EE. UU.
“Este programa ha dado resultados sobre el 90% de reducción de cruces ilegales en la frontera por parte de ciudadanos de estos cuatro países. La demanda es incomprensible».
Alejandro Mayorkas, Secretario del Departamento de Seguridad Nacional.
La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre, en medio de un incremento en la llegada de personas de este país, sumido en una crisis política y económica.
A principios de este año, anunció que extendería el programa, conocido como «parole humanitario» para incluir también a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba, quienes a su vez han llegado en cifras récords buscando solicitar asilo en la frontera. En el mes de enero, unas 11.000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a EE. UU. bajo este programa, según datos de DHS.
Deportaciones inmediatas
Adicionalmente, a los beneficios migratorios, el Gobierno de Biden ha implementado una política de deportaciones inmediatas, por medio de una normativa sanitaria conocida como Título 42, la que permite a las autoridades migratorias expulsar a México a los ciudadanos de estos países sin darles oportunidad de pedir asilo.
El Título 42, una norma heredada del mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.
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