Una acción judicial busca frenar la práctica de volver a detener a inmigrantes previamente liberados, incluso cuando, según los demandantes, no han cambiado las circunstancias de sus casos.
Las organizaciones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia presentaron una demanda federal que cuestiona la política de volver a detener a inmigrantes previamente liberados de custodia. Los abogados sostienen que estas detenciones ocurren sin cambios significativos en los casos, incluso cuando las personas acuden a sus citas rutinarias con las autoridades migratorias.
La acción judicial fue presentada el 12 de noviembre ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia. Su alcance potencial incluye a personas elegibles de los tres estados, bajo la jurisdicción de la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Atlanta.
¿Qué cuestiona la demanda?
Según el escrito judicial, el Departamento de Seguridad Nacional mantenía una práctica que impedía detener nuevamente a personas liberadas de custodia migratoria, salvo que existieran cambios en sus circunstancias. Los demandantes afirman que el Gobierno modificó ese criterio sin ofrecer una explicación adecuada y que ahora permite nuevos arrestos sin esa condición.
La ACLU y el despacho Foley Hoag representan a cuatro demandantes residentes de Carolina del Norte y Georgia. Algunos fueron detenidos nuevamente años después de su liberación inicial, de acuerdo con la demanda.
Uno de ellos, Livinton Sosa Martinez, residente de Greensboro, Carolina del Norte, habría sido detenido nuevamente durante una cita con ICE en marzo.
Posteriormente recuperó su libertad bajo fianza, después de que un juez federal ordenara una audiencia para evaluar su liberación, según el expediente descrito por WIS.
¿Qué implicaciones tiene para Carolina del Sur?
Aunque los cuatro demandantes identificados viven en los estados vecinos, los abogados buscan que el proceso abarque también a inmigrantes elegibles en Carolina del Sur. La demanda solicita que el tribunal declare ilegal la política, la deje sin efecto y suspenda temporalmente su aplicación mientras avanza el caso.
Los representantes legales argumentan que el cambio viola las normas federales que regulan las decisiones administrativas y la protección de la Cuarta Enmienda contra detenciones irrazonables. Estas son alegaciones que el tribunal deberá evaluar, no conclusiones judiciales definitivas.
La presentación de la demanda no equivale a una orden que suspenda las detenciones. Las coberturas consultadas, publicadas el 17 de noviembre, no informaban de una resolución que hubiera concedido esa suspensión en los tres estados.
Según indicó el medio Greenville News, que tras publicar su reporte, ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional habían respondido a su solicitud de comentarios.
Te puede interesar también leer:
