LOS ÁNGELES, California.– El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) concretó la compra de dos de los centros de detención para inmigrantes más grandes de California por un valor cercano a 1.500 millones de dólares, en una medida que fortalece la estrategia de la Administración del presidente Donald Trump para ampliar la capacidad de detención y acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
Los centros adquiridos son el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado cerca de la frontera entre California y México, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, ambos anteriormente propiedad de la empresa privada CoreCivic, especializada en la administración de prisiones y centros de detención.
Casi 4.600 espacios adicionales para inmigrantes bajo custodia
De acuerdo con documentos legales citados por CalMatters, el Gobierno pagó:
- 739,2 millones de dólares por el Centro de Detención de Otay Mesa, con capacidad para 1.994 personas.
- 732,6 millones de dólares por el Centro de Detención de California City, recientemente inaugurado y con capacidad para 2.560 detenidos.
Aunque el Gobierno federal ahora es propietario de las instalaciones, CoreCivic informó que continuará administrando las operaciones diarias de ambos centros mediante los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Más recursos para fortalecer las operaciones migratorias
La compra ocurre pocos días después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara un paquete presupuestario de aproximadamente 70.000 millones de dólares destinado a fortalecer las operaciones de ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias encargadas del control migratorio durante el resto del mandato del presidente Trump.
La iniciativa busca incrementar la capacidad operativa del Gobierno para detener, procesar y deportar a inmigrantes que permanezcan de forma irregular en el país.
Centros bajo creciente escrutinio
La expansión de la infraestructura de detención también ha reavivado el debate sobre las condiciones en estos centros.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado presuntos problemas relacionados con la atención médica, las condiciones de confinamiento y la supervisión de las instalaciones.
Según reportes citados por medios estadounidenses, 52 personas han fallecido bajo custodia de ICE durante los primeros seis meses del año.
Asimismo, una investigación de CBS News reveló que al menos 15 de los 45 principales centros de detención migratoria del país no han sido inspeccionados durante el último año, mientras que cinco instalaciones no presentan registros públicos recientes de inspecciones, pese a existir denuncias sobre posibles irregularidades.
Crece el debate sobre la política migratoria
La adquisición de estos centros representa una de las mayores inversiones recientes del Gobierno federal en infraestructura de detención migratoria y refleja la prioridad que la Administración Trump ha otorgado al fortalecimiento del sistema de control migratorio.
Mientras funcionarios federales sostienen que la medida permitirá mejorar la capacidad operativa para hacer cumplir las leyes migratorias, organizaciones civiles continúan solicitando mayor transparencia, supervisión independiente y mejores condiciones para las personas bajo custodia de ICE.
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