Carolina del Sur tiene una de las tasas de desalojo más altas del país. Se entiende por desalojo al procedimiento legal de desocupar una vivienda por falta de pago del alquiler. North Charleston es la ciudad con el mayor índice de desalojos en EE.UU con una tasa del 16% según datos de Eviction Lab.
Según los datos de Eviction Lab sobre North Charleston:
- Hubo 3.660 desalojos en North Charleston en 2016.
- Eso equivale a 10.03 hogares desalojados cada día.
- 16.5 de cada 100 hogares de inquilinos son desalojados cada año.
También Carolina del Sur tiene una de las peores brechas de acceso a la justicia en el país. Con el 99% de los inquilinos que enfrentan desalojo sin representación legal. Según un estudio realizado por la Comisión de Justicia de Carolina del Sur.
En Carolina del Sur, hay un estatuto que hace que sea un delito grave participar en la práctica no autorizada de la ley si no eres un abogado que está prohibido en el estado.
Actualmente, las amplias restricciones a la práctica no autorizada de la ley en Carolina del Sur les impiden a todas las asociaciones sin fines de lucro poder proporcionar asesoramiento legal muy básico de forma gratuita a los inquilinos que enfrentan el desalojo en Carolina del Sur.
Incluso la Corte Suprema ha explicado que la práctica de la ley abarca entre otros los consejos legales muy básicos, como ayudar a alguien a llenar una forma legal, señalar el lenguaje en un contrato o simplemente responder preguntas muy básicas.
Lo que se hacer por resolver
La Conferencia Estatal de Carolina del Sur de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP de Carolina del Sur por sus siglas en inglés). Asimismo de manera individual sus miembros Robynne Campbell, Marvin Neal y De’Ontay Winchester.
Conjuntamente presentaron una demanda el 21 de marzo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur.
«Los inquilinos de Carolina del Sur están desesperados por recibir ayuda. La NAACP de Carolina del Sur tiene más miembros que abogados en nuestro estado. Al trabajar con proveedores de servicios legales, podemos cerrar la brecha y ofrecer a los inquilinos parte de la ayuda legal que necesitan para ejercer sus derechos y evitar ser desalojados innecesariamente».
Brenda Murphy, presidenta de la NAACP de Carolina del Sur
La demanda de la NAACP
Presentada por el Instituto de Defensa y Protección Constitucional (ICAP) de la Universidad de Georgetown, la NAACP Nacional y el bufete de abogados Wyche, con sede en Carolina del Sur.
La demanda argumenta que la prohibición de Carolina del Sur sobre la práctica no autorizada de la ley viola los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución. De la misma manera atenta en contra de los miembros de la NAACP a hablar y asociarse cuando esa prohibición les impide proporcionar asesoramiento sobre la ley para los inquilinos que enfrentan el desalojo.
«Los demandantes buscan proporcionar a los inquilinos una guía gratuita y precisa sobre lo que deben hacer después de recibir un aviso de desalojo. La criminalización de Carolina del Sur del discurso y la asociación previstos de los demandantes está en desacuerdo con la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU. y solo sirve para privar a los inquilinos del asesoramiento que necesitan para acceder a los tribunales».
Elise Baranouski, abogada de ICAP
«La NAACP es a menudo el único lugar al que los inquilinos de bajos ingresos saben acudir cuando se enfrentan al desalojo. Muchos despachos legales ya brindan a los inquilinos en sus comunidades todo tipo de asistencia de vital importancia. Pero no pueden proporcionar el asesoramiento que muchos inquilinos más necesitan: cómo responder a una acción de desalojo. Eso hace que su defensa sea menos efectiva, con consecuencias devastadoras para los inquilinos a los que intentan ayudar».
Joe Schottenfeld asesor general adjunto de la NAACP
Lo que dice la demanda
Dentro de la demanda, dice en parte:
«Todos los días, cientos de inquilinos en Carolina del Sur reciben un aviso de su tribunal de magistrados local de que su arrendador ha iniciado procedimientos de desalojo contra ellos. Tienen una ventana corta para responder: solo diez días para solicitar una audiencia antes de incumplir con la acción de desalojo y perder sus hogares. El proceso legal es desalentador y confuso para la mayoría de los inquilinos, y estos inquilinos generalmente no saben dónde, o no tienen a dónde recurrir, para obtener ayuda. Son demasiado pobres para pagar por un abogado, y hay muy pocos abogados pro bono en Carolina del Sur para proporcionarles representación legal gratuita. Como resultado, la gran mayoría de los inquilinos nunca reciben la ayuda legal que necesitan, no solicitan una audiencia y no pueden ejercer sus derechos legales en el proceso de desalojo. Las consecuencias son devastadoras, sumándose a una crisis de desalojo en todo el estado de Carolina del Sur».
Cuéntenos si usted o alguien ha tenido un desalojo, queremos conocer su historia. Escríbanos a este correo.
Fuentes: EvictionLab, NACCP.
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