“Hace calor y promete ponerse aún más caliente… hoy celebramos un gran paso para Carolina del Sur”, dijo el gobernador Henry McMaster al firmar en junio de 2025 la Energy Security Act, una ley estatal que redefine el rumbo energético del estado en medio de un verano sofocante.
La norma autoriza la construcción de una planta de gas natural de 2,000 megavatios en el sitio de una antigua central de carbón, agiliza los permisos para nuevos proyectos, incluidos posibles desarrollos nucleares en V.C. Summer, y permite que las compañías eléctricas apelen directamente ante la Corte Suprema estatal si enfrentan trabas regulatorias.
También abre la puerta a incrementos tarifarios más pequeños, pero más frecuentes, con el argumento de dar mayor estabilidad financiera a las compañías y asegurar el suministro frente a una demanda eléctrica en rápido crecimiento.
El Big Beautiful Bill y el retroceso federal
La firma de McMaster coincidió con la aprobación en Washington del One Big Beautiful Bill Act conocido como Big Beautiful Bill, la gran apuesta legislativa de la administración Trump. La ley federal recorta buena parte de los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA): elimina el crédito fiscal del 30 % para paneles solares residenciales, acorta los plazos de vigencia de créditos a proyectos renovables y deja en suspenso programas de eficiencia como HOMES y HEAR.
Para Carolina del Sur, esto significa un freno a las inversiones limpias que habían empezado a transformar la economía del estado. Desde 2022 se anunciaron más de $15,700 millones en proyectos de energía limpia y cerca de 20,000 empleos, incluidos los 4,000 puestos prometidos por Scout Motors en Blythewood para ensamblar vehículos eléctricos. Pero con la desaparición de créditos federales, fabricantes como AESC ya detuvieron obras de baterías en Florence, citando incertidumbre sobre los incentivos.
Más gas y tarifas
La Energy Security Act que celebró McMaster apuesta por el gas natural y la energía nuclear para cubrir la demanda. La ley agiliza permisos, permite que las empresas eléctricas apelen directamente ante la Corte Suprema estatal si enfrentan trabas regulatorias y autoriza incrementos de tarifas más pequeños, pero más frecuentes. El gobernador insistió en que se trata de asegurar “estabilidad” y evitar apagones.
Para la South Carolina Energy Justice Coalition, el acceso a energía limpia y asequible es un derecho básico. “Toda persona es digna de ese tipo de energía por el mero hecho de ser un ser humano”, afirmó Shayne Kinloch, director de la coalición, al exigir que el estado garantice opciones limpias, confiables y accesibles para aliviar la carga energética de los hogares más vulnerables.
Impacto en los hogares
En Carolina del Sur, donde la factura promedio ronda los $138 mensuales, estas medidas significan menos alternativas para contener los costos. Los reembolsos que hubieran ayudado a modernizar electrodomésticos o mejorar el aislamiento quedan congelados, y la opción de instalar paneles solares se vuelve mucho más cara.
El resultado es claro: familias con menos acceso a tecnologías limpias y un futuro de tarifas más pesadas. Para la comunidad latina, que ya dedica un porcentaje mayor de su ingreso a la energía, el golpe es aún más fuerte.
Vulnerabilidad frente al calor extremo
El problema no se limita al bolsillo. Según el Departamento de Salud estatal, entre 2016 y 2020 se registraron 67 muertes por calor. Si el costo de la electricidad sigue subiendo y los hogares pierden acceso a tecnologías de eficiencia, muchas familias se verán obligadas a limitar el uso del aire acondicionado en medio de veranos cada vez más extremos.
