El ex cirujano de traumatología James P. Miller testificó en el Senado de EE. UU. que diversos médicos y centros hospitalarios se negaron a atender a pacientes no vacunados contra la COVID-19. Según su declaración, estas medidas contaron con la aprobación explícita de directivos del sistema sanitario local.

El testimonio se dio a conocer durante la audiencia pública titulada «Protocolos hospitalarios para la COVID-19: historias reales de personas reales», convocada por el senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson.

Denuncias sobre discriminación y protocolos en hospitales

Durante la sesión judicial y legislativa, Miller —médico con licencia de Everett, Washington— expuso las irregularidades que presenció en el sistema de salud durante la crisis sanitaria:

  • Negativa de atención: Afirmó que médicos de atención primaria y de urgencias rechazaron a pacientes en función de su estado de vacunación.
  • Silencio profesional: Señaló que el personal sanitario que cuestionó los protocolos o advirtió sobre posibles perjuicios fue expulsado de la comunidad médica o apartado de sus funciones.
  • Investigaciones penales: Miller confirmó haber presentado declaraciones juradas en 2024 dentro de procesos legales relacionados con la gestión de la pandemia.

Creación de clínicas gratuitas y uso de tratamientos alternativos

Ante la falta de atención a pacientes sin vacunar, Miller abrió una clínica gratuita en su iglesia local, la cual obtuvo autorización oficial para operar.

Durante su gestión en el centro comunitario, el especialista promovió el uso de tratamientos alternativos que —según denunció— sufrieron censura por parte de agencias de salud, sociedades médicas, farmacéuticas y medios de comunicación. Entre los abordajes utilizados citó:

  • Ivermectina e hidroxicloroquina
  • Suplementación con vitamina D, zinc y quercetina
  • Prescripción de ejercicio físico y hábitos saludables

Represalias y llamamiento a la rendición de cuentas

Por hacer públicas sus denuncias y ofrecer atención médica alternativa, el cirujano afirmó haber sido objeto de persecución profesional y administrativa.

«Soporté audiencias disciplinarias infundadas y procedimientos de revisión por pares fraudulentos en represalia por alzar la voz. Superé todos los ataques y mantuve mi reputación intachable», declaró Miller.

Finalmente, el profesional enfatizó la urgencia de investigar la actuación institucional durante la crisis sanitaria: «La rendición de cuentas es necesaria si queremos mantener la confianza pública y un sistema de salud que funcione».