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Cuba dice a la ONU que política de EEUU le impide avanzar en DDHH

Cuba publicó este martes el informe que entregará el 1 de mayo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que alega que los «obstáculos» que le impiden avanzar en la «promoción y protección» de tales garantías son el bloqueo y la «política de hostilidad» de Estados Unidos.

«Los problemas y obstáculos que impiden la promoción y protección de los derechos humanos en Cuba son la continuidad de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones de sucesivos gobiernos estadounidenses (…); las campañas político-mediáticas que niegan o tergiversan los logros del país», dice el informe cubano al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.

«En Cuba no se ha producido un solo caso de ejecución extrajudicial, un solo caso de desapariciones (…) como en las dictaduras militares del Cono Sur, en los años 70 y 80», dijo el vicecanciller Abelardo Moreno, quien presentó el informe en La Habana durante una videoconferencia con la misión cubana en la ONU en Ginebra, encabezada por la embajadora Anayansi Rodríguez.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y algunos gobiernos –en particular el de Estados Unidos– denuncian regularmente la falta de respeto a los derechos humanos en el único país comunista de Occidente, donde toda oposición es ilegal y los medios de comunicación están bajo control del Estado.

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Sin embargo, Moreno destacó que «en Cuba no se producen torturas, comparado con lo que está sucediendo (en la prisión de la base naval estadounidense) en Guantánamo (Cuba), donde hay un número muy importante de detenidos en huelga de hambre».

El informe fue presentado el mismo día en que el Parlamento Europeo entregó en Bruselas el Premio Sajarov a las opositoras Damas de Blanco cubanas, que no pudieron recogerlo en 2005, año en que les fue otorgado, porque el gobierno les negó el permiso para salir de la isla.

No obstante, Moreno afirmó que la divulgación del informe no está relacionada con la entrega del Premio Sajarov.

El informe de 47 páginas –publicado en español, inglés y francés– destaca que en Cuba hay libertad de religión; que se ha «continuado promoviendo el respeto a la libre orientación sexual»; que se cumplen los estándares internacionales en las cárceles –aunque no dice si autorizará inspecciones internacionales– y que no se ha aplicado la pena de muerte desde 2003.

Asimismo, enumera beneficios que tienen los cubanos en educación y salud; pero no menciona las críticas a la falta de espacios legales para los opositores, ni los llamados para una investigación internacional sobre la muerte del opositor Oswaldo Payá, quien pereció el 22 de julio de 2012 en un accidente en una ruta, según la versión oficial.

El viernes, en su informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo, Estados Unidos acusó a Cuba de seguir «bajo el control de un régimen autoritario» que limita la libertad de expresión, y este martes pidió la liberación del periodista José Antonio Torres, sentenciado a 14 años de prisión.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos, que dirige el disidente Elizardo Sánchez, dice que en las cárceles cubanas hay 50 presos políticos y que el gobierno usa las detenciones cortas (de algunas horas o pocos días) en vez de las largas condenas de cárcel de antaño contra los opositores.

Elizardo Sánchez pidió este martes en Madrid a los países de la Unión Europea que no firmen un nuevo acuerdo con Cuba «engañados» por los «cambios cosméticos» de un régimen que no respeta los derechos humanos. Por su parte, la bloguera disidente Yoani Sánchez, también de visita en Madrid, reconoció que las reformas económicas cubanas van en la dirección correcta, pero pidió mayor velocidad y profundidad.
El informe para la ONU destaca que está en vigor desde enero una reforma migratoria, con una ley que ha favorecido a los opositores, pues varios se encuentran de gira. Asimismo da cuenta de una reforma económica, que ha abierto espacio a la iniciativa privada y al trabajo por cuenta propia, y tecnológica, con un mayor acceso a las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones), aunque el gobierno privilegia su «uso social» en entidades estatales y educacionales.

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