Charleston, SC.- El Fiscal General de Carolina del Sur Alan Wilson firmó una carta, exigiendo que ciertos funcionarios federales aborden un informe reciente que descubrió que los niños migrantes no acompañados bajo la custodia del gobierno federal fueron liberados en situaciones inseguras, incluida la trata de personas.
Los fiscales generales de 22 estados están demandando que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Xavier Becerra, y el director del FBI, Christopher Wray, tomen medidas con respecto al informe emitido por la Oficina del Inspector General del HHS.
«Este es otro trágico ejemplo de cuán descontrolada está nuestra frontera sur. La trata de personas es atroz. Pero la trata de niños es aún más horrenda».
Alan Wilson, Fiscal General de Carolina del Sur
El Contenido de la Carta
En la carta, los fiscales expresaron su preocupación por la reciente admisión de la administración Biden de que no puede localizar a 85.000 niños migrantes. Citan un informe del New York Times de 2023 que afirma que muchos de estos niños han sido obligados a trabajar. El diario informó de las condiciones peligrosas, a menudo violando las leyes de trabajo infantil y resultando en lesiones graves e incluso la muerte. Además, señalan que otros están siendo víctimas de la trata sexual.
El New York Times de febrero de 2023 reveló que el gobierno federal permitió deliberadamente la entrada de estos menores no acompañados al país. Y que los liberó de la custodia federal sin realizar una investigación adecuada. No hubieron controles de seguridad, incluso «ignorando regularmente los signos evidentes de explotación laboral».
En un informe la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) confirmó muchos de los problemas encontrados por el periódico new yorkino. Segun este informe dice que más de un tercio de los registros de casos de niños tenían problemas de seguridad. En algunos casos, «las verificaciones de direcciones realizadas por los administradores de casos dieron como resultado hogares vacíos o direcciones no residenciales. Además, no se realizaron evaluaciones de hogares antes de entregar a los niños a estos patrocinadores».
Otras demandas
Los fiscales generales señalan que el senador de Iowa, Chuck Grassley, denunció este problema hace tres meses, pero no ha recibido respuesta. Ahora, exigen que la administración responda por escrito a estos informes antes del 1 de mayo de 2024.
«Nuestros estados tienen un gran interés en hacer cumplir las leyes estatales y federales dentro de nuestras fronteras», escriben los fiscales generales. «También estamos comprometidos a combatir la trata de personas y nos indigna que las víctimas ahora incluyan a niños que estaban bajo el cuidado del gobierno federal… Los niños desaparecidos deben ser identificados y los posibles patrocinadores deben ser investigados».
Los fiscales generales de los siguientes estados se unieron al Fiscal General Wilson para enviar la carta: Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental.
Opinión Personal
Desde hace tiempo he denunciado la intensa correlación entre la inmigración ilegal y el tráfico de personas. Durante mi paso e investigación en la frontera sur, descubrí que el 90% de los niños viajaban solos, sin que sus acompañantes los conocieran o los utilizaran como señuelos para cruzar más rápido.
También observé que la gran mayoría de personas escapan del hambre, la miseria y la falta de oportunidades. Y no por las excepciones marcadas en el Tratado Internacional de Asilo. Sin embargo, me llamó la atención que muchos de los inmigrantes indocumentados llegaban engañados por los coyotes que sirven como brazo del tráfico humano para los carteles de la droga.
Creo firmemente que este masivo éxodo de latinoamericanos se produce debido a la desinformación y al «mito urbano» en torno al sueño americano. Estoy seguro de que la mayoría de los padres de estos 85.000 niños fueron engañados para enviar a sus hijos con falsas promesas. Estoy convencido de que hay una agenda oscura detrás de todo esto, que no solo afecta al sistema inmigratorio de EE. UU., sino que también tiene repercusiones demográficas y sociológicas en los países de origen, destruyendo día a día a la sociedad y a familias enteras.
Aplaudo esta iniciativa del Fiscal General de Carolina del Sur, Alan Wilson, y la de otros fiscales en busca del paradero de estos niños. Pero sobre todo en la búsqueda de la verdad para plantear soluciones a este gran problema transnacional.
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