En Carolina del Sur, más de 350,000 personas de origen latino viven en zonas expuestas a huracanes. Durante el paso del huracán Idalia en 2023, el sistema CodeRED siguió operativo solo en inglés y con inscripción previa, dejando a miles sin acceso a alertas críticas.
En abril de 2025, FEMA canceló el programa BRIC, retirando cerca de 882 millones de dólares en fondos para infraestructura resiliente, debilitando los recursos estatales para mejorar comunicaciones y preparación ante desastres.
Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional suspendió las traducciones automatizadas de advertencias en español debido a la expiración de su contrato, aumentando la brecha lingüística en alertas ante tormentas severas. Estas decisiones estructurales han erosionado cualquier avance concreto hacia comunicaciones bilingües, dejando a comunidades latinas sin protección adecuada en un momento de creciente riesgo climático.
Este año, los expertos coinciden: la temporada de huracanes será más activa de lo habitual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipa entre 13 y 19 tormentas con nombre, de las cuales hasta cinco podrían alcanzar categoría mayor. La Universidad Estatal de Colorado (CSU) también predice una temporada intensa, con al menos cuatro huracanes de gran magnitud.
¿La razón?
El océano Atlántico está más caliente de lo normal y, además, el fenómeno ENSO —siglas en inglés de El Niño, Oscilación del Sur, se encuentra en fase neutra, una condición que no frena la formación de ciclones y puede amplificar sus efectos cuando hay tanto calor disponible en el mar.
ENSO es un patrón climático que altera el comportamiento del viento y la temperatura del agua en el Pacífico, pero sus efectos se sienten en todo el mundo. En años de El Niño, suelen formarse menos huracanes en el Atlántico; con La Niña, aumentan. Pero en una fase neutra, como la actual, otros factores, como las aguas cálidas del Atlántico, cobran más peso y elevan el riesgo de una temporada más peligrosa.
Según Reuters, esta combinación convierte a 2025 en un año que exige máxima preparación, sobre todo para grupos que históricamente reciben menos apoyo ante estos desastres.
Para muchos latinos, esta amenaza se suma a una realidad de vulnerabilidad constante.
En Carolina del Norte, Ofelia Ortiz, madre mexicana afectada por el huracán Helene, recordó el momento en que debió evacuar: “Nos fuimos con lo puesto, sin zapatos. Perdimos todo, incluso los recuerdos de mis hijos.” Historias como la de Ortiz reflejan cómo el impacto de los huracanes no se mide solo en la fuerza del viento, sino también en la desigualdad con que se sienten sus consecuencias.
“Los recortes federales a FEMA, la EPA y el Servicio Meteorológico debilitan directamente la preparación ante huracanes en las comunidades latinas porque eliminan recursos para alertas tempranas, respuesta de emergencia y monitoreo de la contaminación”, advirtió la Dra. Julie A. González, experta en justicia ambiental. Estos recortes han restringido funciones críticas, desde las alertas en español hasta la limpieza post huracán, afectando ya zonas que aún no se recuperan del huracán Helene.
Comunidades desatendidas y respuestas tardías
Tras el impacto de Helene en Carolina del Norte, González señala que “sin la ayuda a tiempo, muchos han pasado meses esperando reparaciones en sus casas, han perdido días de trabajo y han tenido dificultades para acceder a atención médica”. La carencia de respuesta federal obligó a dependencias comunitarias e iglesias a asumir un rol que, sin apoyo, resulta insostenible.
Cuando la ayuda se convierte en arma política
La politización de la ayuda agrava aún más la situación. “En 2025 vimos cómo la entrega de fondos de ayuda podía retrasarse o condicionarse a exigencias políticas”, dijo González.
Esto no es nuevo: en administraciones pasadas, ciertos fondos fueron congelados o condicionados a requisitos partidistas, retrasando la recuperación y perjudicando sobre todo a los más vulnerables. “Quienes tienen menos poder son los que más sufren, mientras la ayuda por desastre se vuelve moneda de cambio en vez de una garantía”, concluye González.
Para la experta, es urgente que la respuesta ante desastres sea “justa, rápida y verdaderamente accesible para todas las comunidades, sin importar el estatus migratorio o el lugar donde vivan”. Pero, advierte, no puede depender solo de Washington. “Nuestra fuerza está en organizarnos, exigir acción y asegurarnos de que nadie quede atrás”.
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